De concesiones y algo menos

Sector de Cruces, Filandia (Quindío). Fuente: Autopistas del Café

«Olvidar lo bueno y positivo que se ha logrado es tan peligroso como insistir en hacer lo que sabemos que no funciona».


Por: Armando Rodríguez Jaramillo

El anuncio del Gobierno nacional de finalizar de manera anticipada los contratos de concesión puso en entredicho la continuidad de las Asociaciones Público-Privadas [APP] para construir, operar y mantener la infraestructura de transporte del país con el impacto fiscal que esto traería y sus efectos sobre la seguridad jurídica, posición salpicada de ideología y populismo electoral y con cierto tufillo hacia los privados que hicieron posible la construcción de importantes obras, situación que tiende a agravarse con la advertencia de eliminar peajes o/y disminuir sus tarifas.

En la columna Las concesiones en Colombia del 18 de enero en Eje 21, el exministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez señaló que las concesiones son un «contrato estatal mediante el cual el Estado encomienda a un particular la financiación, construcción, operación, mantenimiento y explotación de una infraestructura o servicio público, a cambio de una remuneración —ya sea mediante tarifas, pagos del Estado o una combinación de ambos— durante un plazo determinado. Este esquema ha sido esencial para el desarrollo de carreteras, aeropuertos, puertos y otros proyectos estratégicos, especialmente en un país con limitaciones fiscales estructurales como Colombia». En el artículo el columnista nombra las normas que regulan las concesiones, el régimen de estabilidad contractual y el respeto por los compromisos asumidos por las partes, es decir, entre el Estado que actúa como contratante y el concesionario que es el contratista.

En consecuencia, el Gobierno no puede dar por terminado de forma anticipada un contrato de concesión sin que medie un incumplimiento grave del concesionario; y si lo hace, por razones de interés público, no político ni electoral, está obligado a reconocer al concesionario todas las inversiones realizadas, la deuda pendiente y el lucro cesante. Si no fuera así, se estaría al vaivén de la discrecionalidad del gobernante de turno que decide motu proprio recuperar concesiones desconociendo que el contrato que las ampara es ley para las partes en el marco de un Estado de Derecho.

Sobre este asunto los presidentes de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y Sociedad de Ingenieros del Quindío, Rodrigo Estrada Reveiz y Uriel Orjuela Ospina, en un reciente comunicado expresaron sus preocupaciones frente al anuncio del Gobierno nacional de terminar por anticipado la concesión de la Autopista del Café que tiene a su cargo las dobles calzadas entre Manizales – Pereira – Armenia y la vía Calarcá – La Paila, y también por la intención de levantar las casetas de peaje lo que comprometería la sostenibilidad técnica y financiera del sistema, pues a juicio de los dirigentes gremiales, su «eliminación, sin un esquema claro, definido y garantizado de reemplazo, pone en riesgo la adecuada conservación de la carretera y el cumplimiento de las obras aún pendientes». Y es que la supresión o disminución de peajes, si bien traería de forma inmediata menores costos de transporte, en el mediano y largo plazo pondría en riesgo la operación y mantenimiento de la infraestructura y la financiación de nuevas obras.

Tomado del periódico El Quindiano

Recordemos que durante el siglo XX nuestras carreteras se caracterizaron por ser de bajas especificaciones ante la incapacidad estatal de diseñar, financiar, construir, mantener y operar dobles calzadas. Luego, mediante contrato de concesión suscrito en 1997 y que culmina en el primer semestre de 2027 se construyó la Autopista del Café, proyecto que le cambió la cara al departamento al articularlo de forma eficiente con el Eje Cafetero, impulsar el proceso de metropolización y facilitar el desarrollo del turismo en Salento, Filandia y Circasia.

En cuanto a las otras carreteras de primer orden a cargo del Estado, estas se construyeron a poquitos. Y para la muestra, varios botones: La doble calzada Armenia – Club Campestre se hizo por tramos; el túnel de La Línea y sus obras conexas se iniciaron mediante un contrato de obra pública por 629 mil millones de pesos proyectado a cinco años, proyecto que finalmente costó 3 billones de pesos y tardó 12 años; la doble calzada Calarcá - Armenia y Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago está desfinanciada y pasados cinco años solo tiene para mostrar los tramos entre La María y Armenia y la salida de Armenia hacia Montenegro.

Algo parecido sucede con el aeropuerto internacional El Edén administrado por la Aerocivil. Al final de 2025 la ANI y la Aerocivil entregaron la actualización del Plan Maestro proyectado a 30 años con una inversión de 1,8 billones de pesos, pero sin comprometer recurso alguno para su ejecución, ni siquiera para la compra de los predios requeridos para su ampliación. Y qué decir de concesionarlo para que un privado haga las inversiones necesarias y lo administre trayendo nuevas aerolíneas y frecuencias nacionales e internacionales.

De ahí que las declaraciones del Gobierno de suprimir concesiones y peajes sin plantear alternativas viables para construir, operar y mantener la infraestructura de transporte que la región demanda son, a todas luces, irresponsables. Me pregunto entonces: ¿Cómo se administraría la actual infraestructura de Autopistas del Café? ¿Sería capaz el Gobierno de construir la doble calzada Calarcá – La Paila aportando los cinco billones que costaría esta obra? ¿Cuándo veríamos terminadas con recursos públicos las dobles calzadas Calarcá – Armenia y Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago? ¿Tiene capacidad la Aerocivil de ejecutar el plan maestro del aeropuerto El Edén y de administrar y mantener la terminal?

Estas son algunas de las inquietudes que debería responder el Gobierno si desea convencernos de que el modelo de concesiones no funciona y que el Estado tiene la capacidad de construir, operar y mantener las infraestructuras que la región necesita. A estas alturas es bueno recordar la frase del profesor y filósofo español George Santayana [1863 - 1952]: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo», porque olvidar lo bueno y positivo que se ha logrado es tan peligroso como insistir en hacer lo que sabemos que no funciona.

Correo: arjquindio@gmail.com  /  X: @ArmandoQuindio  /  Blog: www.quindiopolis.co

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