![]() |
| Sector de Cruces, Filandia (Quindío). Fuente: Autopistas del Café |
«Olvidar lo bueno y positivo que se ha logrado es tan peligroso como insistir en hacer lo que sabemos que no funciona».
Por: Armando Rodríguez Jaramillo
El anuncio del Gobierno nacional de finalizar de manera
anticipada los contratos de concesión puso en entredicho la continuidad de las Asociaciones
Público-Privadas [APP] para construir, operar y mantener la infraestructura de
transporte del país con el impacto fiscal que esto traería y sus efectos sobre
la seguridad jurídica, posición salpicada de ideología y populismo electoral y con
cierto tufillo hacia los privados que hicieron posible la construcción de
importantes obras, situación que tiende a agravarse con la advertencia de eliminar
peajes o/y disminuir sus tarifas.
En la columna Las concesiones en Colombia del 18
de enero en Eje 21, el exministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez señaló
que las concesiones son un «contrato estatal mediante el cual el Estado
encomienda a un particular la financiación, construcción, operación,
mantenimiento y explotación de una infraestructura o servicio público, a cambio
de una remuneración —ya sea mediante tarifas, pagos del Estado o una
combinación de ambos— durante un plazo determinado. Este esquema ha sido
esencial para el desarrollo de carreteras, aeropuertos, puertos y otros
proyectos estratégicos, especialmente en un país con limitaciones fiscales
estructurales como Colombia». En el artículo el columnista nombra las normas
que regulan las concesiones, el régimen de estabilidad contractual y el respeto
por los compromisos asumidos por las partes, es decir, entre el Estado que
actúa como contratante y el concesionario que es el contratista.
En consecuencia, el Gobierno no puede dar por terminado
de forma anticipada un contrato de concesión sin que medie un incumplimiento
grave del concesionario; y si lo hace, por razones de interés público, no
político ni electoral, está obligado a reconocer al concesionario todas las
inversiones realizadas, la deuda pendiente y el lucro cesante. Si no fuera así,
se estaría al vaivén de la discrecionalidad del gobernante de turno que decide motu proprio recuperar concesiones
desconociendo que el contrato que las ampara es ley para las partes en el marco
de un Estado de Derecho.
Sobre este asunto los presidentes de la Cámara de
Comercio de Armenia y del Quindío y Sociedad de Ingenieros del Quindío, Rodrigo
Estrada Reveiz y Uriel Orjuela Ospina, en un reciente comunicado expresaron sus
preocupaciones frente al anuncio del Gobierno nacional de terminar por
anticipado la concesión de la Autopista del Café que tiene a su cargo las
dobles calzadas entre Manizales – Pereira – Armenia y la vía Calarcá – La Paila,
y también por la intención de levantar las casetas de peaje lo que comprometería
la sostenibilidad técnica y financiera del sistema, pues a juicio de los
dirigentes gremiales, su «eliminación, sin un esquema claro, definido y
garantizado de reemplazo, pone en riesgo la adecuada conservación de la
carretera y el cumplimiento de las obras aún pendientes». Y es que la supresión
o disminución de peajes, si bien traería de forma inmediata menores costos de
transporte, en el mediano y largo plazo pondría en riesgo la operación y
mantenimiento de la infraestructura y la financiación de nuevas obras.
![]() |
| Tomado del periódico El Quindiano |
Recordemos que durante el siglo XX nuestras carreteras se
caracterizaron por ser de bajas especificaciones ante la incapacidad estatal de
diseñar, financiar, construir, mantener y operar dobles calzadas. Luego, mediante
contrato de concesión suscrito en 1997 y que culmina en el primer semestre de
2027 se construyó la Autopista del Café, proyecto que le cambió la cara al departamento
al articularlo de forma eficiente con el Eje Cafetero, impulsar el proceso
de metropolización y facilitar el desarrollo del turismo en Salento, Filandia y
Circasia.
En cuanto a las otras carreteras de primer orden a cargo
del Estado, estas se construyeron a poquitos. Y para la muestra, varios
botones: La doble calzada Armenia – Club Campestre se hizo por tramos; el túnel
de La Línea y sus obras conexas se iniciaron mediante un contrato de obra
pública por 629 mil millones de pesos proyectado a cinco años, proyecto que finalmente
costó 3 billones de pesos y tardó 12 años; la doble calzada Calarcá - Armenia y
Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago está desfinanciada y pasados cinco
años solo tiene para mostrar los tramos entre La María y Armenia y la salida de
Armenia hacia Montenegro.
Algo parecido sucede con el aeropuerto internacional El
Edén administrado por la Aerocivil. Al final de 2025 la ANI y la Aerocivil entregaron
la actualización del Plan Maestro proyectado a 30 años con una inversión de 1,8
billones de pesos, pero sin comprometer recurso alguno para su ejecución, ni
siquiera para la compra de los predios requeridos para su ampliación. Y qué
decir de concesionarlo para que un privado haga las inversiones necesarias y lo
administre trayendo nuevas aerolíneas y frecuencias nacionales e
internacionales.
De ahí que las declaraciones del Gobierno de suprimir concesiones
y peajes sin plantear alternativas viables para construir, operar y mantener la
infraestructura de transporte que la región demanda son, a todas luces,
irresponsables. Me pregunto entonces: ¿Cómo se administraría la actual
infraestructura de Autopistas del Café? ¿Sería capaz el Gobierno de construir
la doble calzada Calarcá – La Paila aportando los cinco billones que costaría esta
obra? ¿Cuándo veríamos terminadas con recursos públicos las dobles calzadas
Calarcá – Armenia y Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago? ¿Tiene capacidad
la Aerocivil de ejecutar el plan maestro del aeropuerto El Edén y de
administrar y mantener la terminal?
Estas son algunas de las inquietudes que debería
responder el Gobierno si desea convencernos de que el modelo de concesiones no
funciona y que el Estado tiene la capacidad de construir, operar y mantener las
infraestructuras que la región necesita. A estas alturas es bueno recordar la
frase del profesor y filósofo español George Santayana [1863 - 1952]: «Aquellos
que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo», porque olvidar
lo bueno y positivo que se ha logrado es tan peligroso como insistir en hacer
lo que sabemos que no funciona.
Correo: arjquindio@gmail.com / X: @ArmandoQuindio / Blog: www.quindiopolis.co


0 Comentarios