Los
debates sobre temas de ciudad deben ser públicos para que generen consciencia
colectiva y apropiación del lugar donde se vive y se convive. Los asuntos de
ciudad le incumben a la sociedad en su conjunto, y bajo ninguna circunstancia pueden
ser tratados como si fueran activos privados; no obstante, la más de la veces terminan
secuestrados por grupos de poder que se las arreglan para usufructuar, política
y económicamente, lo que es de todos.
Así
que es hora empezar a desligar lo colectivo de lo particular. No es para nada
inteligente que la sociedad continúe haciendo el juego en cuerpo ajeno de
defender posiciones sobre desarrollo territorial, gobernabilidad y bienestar de
la población acolitando argumentos de grupos políticos y de conveniencia especial,
como si todo lo que nos afectara y sus posibles soluciones tuviera que pasar
por el tamiz de las aprobaciones y decisiones de los que se disputan el poder
electoral sin que nos demos la oportunidad de ensayar otras alternativas.
De
ahí que asuntos como la movilidad y el desarrollo vial deberían discutirse
pensando en la infraestructura que requiere la ciudad para su desarrollo a mediano
y largo plazo y en el estudio de las opciones de financiación más convenientes
para los ciudadanos y el fisco municipal, incluyendo, por supuesto, la contribución
de valorización, sin dejarnos llevar por las posturas de quienes sólo piensan
en hacerse con el manejo de los procesos de contratación de la obra pública.
Cuestiones
como las relaciones metropolitanas entre Armenia y sus municipios
vecinos convendrían que se hicieran con fundamento en el reconocimiento de los
procesos de conurbación entre las entidades territoriales involucradas con el
fin de planificar las expansiones de los perímetros urbanos, la prestación integral
de los servicios públicos domiciliarios, el desarrollo vial y la organización
del transporte masivo, elementos que podrían conducir a la eventual decisión de
conformar un área metropolitana, sin que esto signifique que debamos encasillarnos
en una contienda política cuyas opciones se limitan a qué grupo político acumularía
más poder local con esta decisión.
Temas
como el acueducto regional interesaría abordarlos con base en aspectos
como la conservación de cuencas hidrográficas, eficiencia en la prestación del
servicio, administración integral del recurso agua y la economía de escala que
se alcanzaría si se tiene una sola empresa prestadora del servicio, sin
importar qué partido controla la gobernación y las alcaldías, y en particular,
quién ejerce el dominio en las Empresas Públicas de Armenia y Empresas Públicas
del Quindío.
En
este orden de ideas, hay que desterrar la politiquería de ciertos temas y oxigenar
el debate y las decisiones alrededor de asuntos estratégicos y trascendentales
para los quindianos, y esto sería posible si nos abrimos a opiniones de
reconocidos expertos, si dejamos que nuestras universidades participen, si se escucha
a la gente y si se asumen posiciones objetivas en defensa del interés general;
pero, sobre todo, si nos oponemos al secuestro de los asuntos públicos y de las
entidades a las que les corresponde resolverlos, pues no olvidemos que las
instituciones y los partidos políticos se degradan cuando dejan de hacer
política.
Armando
Rodríguez Jaramillo.
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