Por Armando Rodríguez Jaramillo. Ensayo "Quindío: 25 años al borde
de la competitividad 1990 – 2014" pag. 21-22
El final del siglo llega con el terremoto del 25 de enero de 1999 que partió la historia del
Quindío en dos. Los gobiernos territoriales del departamento y de los doce
municipios se vieron obligados a abandonar sus planes de desarrollo formulados
en 1998 para dedicar sus esfuerzos a la atención de la emergencia y la
reconstrucción ante la magnitud de una tragedia para la que no estaban
preparados y que los mantendría ocupados por el resto de sus mandatos.
El modelo de operación del FOREC suplantó en buena parte a
la institucionalidad pública y privada local por entidades no gubernamentales
foráneas que desconocían la región y carecían de arraigo con ella. Fue una
reconstrucción hecha por sectores endosados a una ONG en particular (en Armenia
fueron 15) formando territorios insulares a manera de guetos, cuyos habitantes
terminaron por identificase con la ONG que les proveía lo básico y reconstruía
sus viviendas y no con sus autoridades ni juntas de acción comunal ni líderes
barriales. Esto causó fuertes desarraigos y fracturó de forma severa la
sociedad.
Ahora bien, el impacto causado por el terremoto sobre el
aparato productivo en el Quindío deber ser valorado desde dos puntos de vista
diferentes. El primero, por el daño directo en locales, bienes de capital y
pérdida de insumos y mercancías que sufrió un número significativo de empresas
que interrumpieron total o parcialmente sus actividades mientras eran
reconstruidas, procesos que debieron enfrentar los empresarios con muy poco
apoyo del FOREC. El segundo, por el severo impacto del sismo en la
infraestructura básica de carreteras, vías, aeropuerto y servicios públicos
domiciliarios, y por la destrucción generalizada de las áreas urbanas,
afectando de forma drástica el normal desempeño de las actividades productivas,
como en efecto sucedió con las empresas localizadas en el centro de Armenia que
tuvieron que cerrar durante varias semanas ante la clausura decretada por la
Alcaldía de la zona comercial y bancaria debido a la destrucción generalizada.
Otra consecuencia del cierre definitivo o temporal de
numerosas empresas fue la disminución de la producción de bienes y servicios y
el aumento del desempleo, lo que afectó gravemente los ingresos de la población
y su poder adquisitivo, reduciendo sensiblemente la capacidad de compra pues no
había quién produjera ni quién demandara. El caso particular del turismo, un
negocio emergente que estaba en auge, merece un comentario aparte, pues ante el
temor colectivo que produce un terremoto, los visitantes dejaron de escoger al
Quindío como destino de descanso por cerca de dos años.
En un intento por reactivar la región, y teniendo como
antecedentes la Ley 44 de 1987 sobre estímulos tributarios para atraer
inversión privada y recuperar la zona afectada por la erupción del nevado del
Ruiz en 1995 de Caldas, Tolima y Risaralda y la Ley 218 de 1996 conocida como
la Ley del Río Páez con un fin similar de atraer inversión productiva para
Cauca y Huila luego de la avalancha del río Páez en 1994, fue sancionada la Ley 608 de 2000 o Ley Quimbaya que
declaró exentas del impuesto de renta y complementarios a las actividades que
desarrollaran tanto las nuevas empresas que se constituyeran y localizaran
físicamente en la zona afectada por el terremoto, entre el 25 de enero de 1999
y el 31 de diciembre del año 2005, así como las empresas preexistentes, siempre
y cuando sus ingresos hubiesen disminuido en un 30% o más en 1999.
Empero,
esta exención de impuestos no surtió los efectos que sí se vieron en Manizales,
Pereira, Dosquebradas e Ibagué cuando la erupción del Ruiz y en Santander de
Quilichao con la Ley Páez, y salvo contadas excepciones, fueron pocas las
empresas creadas en el Quindío en el marco de la Ley Quimbaya. Esta fue una
oportunidad perdida que merece un estudio profundo, pues sería importante
evaluar la razón por la cual la Ley no produjo los resultados esperados como
instrumento dinamizador de la economía local en los años posteriores al
terremoto, cuando se esperaba que impulsara la anhelada industrialización del
departamento.
Lo anterior permite concluir que la reconstrucción, si bien
fue relativamente exitosa para rehabilitar la infraestructura básica y las
viviendas, poco tuvo para mostrar en la recuperación del tejido social ni
contribuyó decididamente a la rehabilitación y restablecimiento de la actividad
empresarial.
