Armando Rodríguez Jaramillo. Armenia (Quindío - Colombia). 26 de febrero de 2014
Un padre, que se había esmerado por educar a su hijo
inculcándole el respeto por la civilidad, el acatamiento al orden social y
legal, y la observancia de los bienes públicos como un patrimonio colectivo, se
encontraba dialogando con su hijo.
–¿Papá, recuerdas cuando nos decías que el Estado se conformaba
por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno independiente del
otro para que hubiera gobiernos democráticos y no dictatoriales?
–Si hijo, así es.
–Me acuerdo que nos enseñaste que el poder legislativo era
el congreso, que se encargaba de las leyes y de ejercer el control político al
presidente, y que el judicial administraba leyes para que hubiera justicia en
este país.
–Veo que aprendiste la lección.
–También te oí decir que los llamados organismos de control,
como la procuraduría y contraloría, velaban porque los funcionarios del Estado
hicieran las cosas bien en sus cargos y en la administración del dinero
público.
–Efectivamente, son los encargados de controlar que los
funcionarios actúen correctamente y que se respeten los derechos humanos.
–Y cómo olvidar cuando me decías que las fuerzas armadas
estaban para salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
–Y además hijo, para proteger a la patria de cualquier
amenaza.
–Por último padre, con frecuencias decías que los dineros
públicos eran sagrados y que se deberían invertir en beneficio del pueblo.
–Sí, es así. ¿Y a que viene todo esto?
–Huy papá –repuso el hijo–, qué equivocado has estado.
Lamento decirte que tus enseñanzas están…: Eso de los poderes del Estado no es
así, pues los presidentes compran al congreso a punta de contratos y
burocracia, a cambio los senadores y representantes aprueban todo lo que el
gobierno quiere y se olvidan del control político. Gobierno y congresistas se
ponen de acuerdo para nombrar a los de las cortes y a los organismos de
control, evitando que los sancionen por sus perversas actuaciones. Pero si las
cosas se salen de curso, el gobierno se reserva el derecho de chuzar y acechar
al poder judicial mientras que miembros de este último amañan fallos
favoreciendo personajes de dudosa reputación. Las fuerzas armadas hacen falsos
positivos y montan triquiñuelas para cobrar recompensas, hacen negociados y
hasta espían a otros miembros del Estado, mientras que los militares condenados
por delitos están recluidos en hoteles campestres. Y como si fuera poco, algunos
empresarios se amangualan con funcionarios para repartirse los dineritos públicos
a través de contratos amañados e inexplicablemente, a los ojos de todos, se
financian ostentosas campañas políticas para el congreso con el apoyo del poder
ejecutivo.
El viejo guardó silencio y alzando su cabeza dijo: –Hijo mío
las cosas no son lo que parecen, por eso es que estamos tan mal.
