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Una receta repetida

Armando Rodríguez Jaramillo
Armenia (Quindío-Colombia), 12 de septiembre de 2013

Uno de los temas de ciudad más complejos de tratar es el derecho al uso y disfrute del espacio público o el derecho que muchos invocan de uso e invasión del mismo. Dejando de lado lo normativo, es claro que lo público es el espacio de todos y a su vez el espacio de nadie. El espacio público es por antonomasia un bien colectivo, es decir, que nos pertenece a todos. Pero si es un bien colectivo, ¿por qué es escenario de conflictos?

La presión sobre el espacio público se concentra en las zonas de mayor afluencia de personas (centros urbanos y vías de gran circulación). Esto hace que muchos vean en estos sitios una oportunidad para generar ingresos, y como en todo, mientras unos se rebuscan vendiendo baratijas o cuidando carros, otros se aprovechan poniendo a los más fregados a ofrecer sus mercancías. En fin, se venden y se compran toda clase de productos: cacharro, ropa, chanclas, comida, revuelto, dulces, llamadas, discos piratas, cuerpos, droga y cuanta cosa legal o ilegal uno se imagine.

En parte el problema radica en lo que cada cual piensa de lo público. Para un ciudadano educado y con trabajo estable el espacio público es un lugar para transitar, conversar o recrearse; para un desempleado es el sitio donde se puede levantar algunos pesos; para ladronzuelos, mendigos y prostitutas es donde sobreviven; y para un oportunista es el lugar del que se apropia para su beneficio personal. En la ciudad de la anarquía cada uno lo interpreta a su manera defendiéndolo a capa y espada sin consideración alguna con los demás.

Entonces, en medio de este caos, en las ciudades colombianas se ensaya una y otra vez lo que una y otra vez no ha dado resultado. Las iniciativas son las mismas aquí y acullá, y los fracasos son iguales aquí y en Cafarnaúm. La receta patentada inicia con un censo y caracterización de vendedores informales, luego se anuncia una carnetización que nunca se hace, se dice que el problema radica en que muchos son de otras ciudades, se denuncia la existencia de cárteles o mafias del espacio público,  se señala a los vendedores de productos piratas y de contrabando, y se hacen operativos esporádicos de desalojo que terminan en enfrentamientos entre policía y vendedores.


Y cuando las cosas empeoran, se le echa la culpa a los ciudadanos diciendo que si no hubiera compradores no habría vendedores informales con lo cual el problema se torna de responsabilidad de todos y de nadie, se cita a los voceros de sindicatos o asociaciones de vendedores a dialogar con la autoridades y se culmina con la solución definitiva: el traslado de los informales a un centro comercial popular o a un lote donde poco se vende. Todo esto pasa y vuelve a pasar hasta que llega un nuevo gobierno al que se le ocurre la idea de un censo para caracterizar y carnetizar a los vendedores informales.