Armando Rodríguez Jaramillo
Armenia (Quindío-Colombia), 2 de septiembre de 2009
Armenia (Quindío-Colombia), 2 de septiembre de 2009
En las últimas décadas la competitividad irrumpió con inusitada fuerza en el escenario mundial volviéndose un tema obligado de gobernantes, dirigentes gremiales, empresarios, académicos y estudiantes. Mucho se habla, y en no pocas ocasiones se especula, en torno a la competitividad, prueba de ello es la abundancia de complejos textos saturados de tecnicismos, amén de no pocos términos importados del idioma inglés sin recato alguno.
Variopintas
son las definiciones de competitividad y numerosas las referencia sobre el
particular; no obstante, sin pretender desconocer los valiosos aportes de reconocidos
especialistas, prefiero, en temas tan confusos, partir de lo elemental para
avanzar a lo complejo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
–RAE- trae para competitividad dos acepciones: “capacidad de competir” y
“rivalidad para la consecución de un fin”. Entonces: ¿Qué es competir? Al
respecto el mismo diccionario dice de competir: “Dicho de dos o mas
personas: Contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma
cosa”. Y como una definición conduce a otra, de “contender”, palabra
usada para definir competir, el RAE, entre sus acepciones, trae: “pelear,
batallar, disputar, etc.”
Así las
cosas, se puede decir que “competitividad es la capacidad que tienen dos o más
rivales de competir por un propósito común”, definición aplicable en cualquier
de las actividades del hombre, aunque el concepto no necesita de explicación
alguna cuando de disciplinas deportivas se trata.
Esta sencilla
definición, construida con la ayuda del diccionario, nos permite avanzar hacia dos
dimensiones de la competitividad, complementarias entre sí, yuxtapuestas si se
quiere, pero de ninguna manera excluyentes. Me refiero a la competitividad territorial
o de región y a la empresarial o de encadenamiento productivo. Y hago
hincapié en esto, por cuanto es común escuchar de políticos, tecnócratas y
académicos aludir en forma indiscriminada a regiones competitivas y a empresas
competitivas dejando la apariencia de sinonimia, lo cual nos pone ante la obligación
de aclarar ambos términos.
La interpretación
del actual escenario mundial del desarrollo, pasa, en primer lugar, por entender
la transformación que sufrió en las últimas décadas la noción de territorio al
cambiar la tradicional concepción del Estado-nación por la del Estado-región,
reivindicando de esta manera a aquellos territorios subnacionales que por sus
características comunes presentan identidades particulares; y en segundo lugar,
por el también cambio en la noción de distancia (siempre expresada geográficamente
con base en unidades de longitud), en razón a los avances tecnológicos de las
comunicaciones y a los procesos de globalización, lo que permitió acuñar la frase
de “la aldea global” en referencia directa al empequeñecimiento virtual
del planeta.
La acostumbrada
organización del Estado agrupando territorios con diversidad de climas,
dotación de recursos naturales, infraestructuras, etnias y culturas, hoy está
siendo reemplazada por miradas subnacionales, por interpretaciones del Estado-nación
como la suma de Estados-regiones con características comunes que facilitan procesos
de desarrollo. Estamos entonces frete a la necesidad de crear nuevas formas de
organización territorial y novedosos canales de comunicación entre el Estado y
sus regiones, so pena de padecer reivindicaciones autonómicas y posibles casos
de desmembración territorial como sucedió en la Europa Oriental luego de
desaparición de la URSS.
Por
consiguiente, hoy se acepta que son las regiones, y no las naciones, las que
son competitivas. Basta con otear el territorio nacional para comprobar esta
afirmación: No es Colombia la competitiva para producir banano, es Urabá y algunas
zona del departamento del Magdalena por sus tierras, clima, paquetes
tecnológicos, sistemas empaques, manejo postcosecha, canales de comercialización
y acceso a puertos; no es Colombia la competitiva para producir flores, es la
Sabana de Bogotá y Rionegro con su infraestructura de invernaderos, sistemas de
riego, investigación genética y agrícola, especialización de la mano de obra,
red de frío y cercanía a aeropuertos internacionales (El Dorado y José María
Córdoba) que hace posible la exportación a Europa y Norteamérica; no es
Colombia la competitiva en la industria de la caña de azúcar, es el Valle del
Cauca con sus tierras planas y mecanizables, sistema de riego, red de caminos, centros
de investigación, maquinaria especializada e infraestructura fabril para producir
azúcar, alcoholes y demás productos derivados de la caña. Lo mismo se podría
decir del café, ganadería, industria láctea y otros muchos productos
nacionales.
Así las cosas,
las regiones tienen una serie de ventajas que inciden sustancialmente en sus
opciones de desarrollo, ventajas que los estudiosos han clasificado en: comparativas
y competitivas. Las ventajas comparativas de un territorio se fundamentan en la
dotación de recursos naturales y en su ubicación geográfica con respecto a centros
de consumo, sistemas de comunicaciones y rutas de comercialización. Las
ventajas competitivas, por su parte, se fundan en características como:
infraestructura de transporte, coberturas de servicios públicos domiciliarios,
seguridad, salud y educación, centros de investigación y tecnología, conectividad,
sistema de ciudades, estructura tributaria, seguridad jurídica, institucionalidad
pública y privada, redes empresariales, credibilidad y legitimidad de los
gobiernos y autoridades locales, ecosistema sanos y productivos y calidad del
talento humano.
Por lo
general, las plataformas productivas de las regiones están en función de sus ventajas,
siendo el predominio de unas o de otras lo que define el tipo de desarrollo local.
El uso de las ventajas comparativas y competitivas en una determinada región marca
la diferencia entre territorios exportadores de materias primas y productos
poco elaborados (su desarrollo se finca en las ventajas comparativas) y territorios
con exportaciones que incorporan mayor tecnología, valor agregado y un tipo de
gerencia más eficiente.
El ejemplo
clásico de las regiones que basan su economía en ventajas comparativas es el de
los mercados de los “commodity”, término tomado del inglés que hace referencia
a aquellos productos que son provistos sin una gran aportación de valor en el
mercado y su precio está determinado por su demanda sin importar quién lo
provea, tal es el caso de las exportaciones sin transformación de la mayoría de
productos agropecuarios y minerales como materia prima para los países
industrializados. Colombia es un exportador tradicional de estos productos
(café, banano, frutas, carbón, oro, petróleo, etc.) y el Quindío no ha sido ajeno
a esto.
De ahí que las
regiones que impulsan la creación de ventajas competitivas tienen mayor
probabilidad de ser competitivas que las regiones que solo aprovechan y explotan
sus ventajas comparativas, tesis que conduce obligatoriamente a dos interrogantes
fundamentales: ¿Qué es una región competitiva? y ¿Se compite contra qué y para
qué?
Este entresijo
nos obliga a retomar las mentadas dimensiones de la competitividad (en lo territorial
y empresarial) para precisar algunas de sus características. La primera corresponde
al territorio propiamente dicho y su contenido, y la segunda a las empresas instaladas
en él que forman aglomeraciones en cadenas productivas. Ahora bien, si las
empresas le apuestan a la competitividad con el fin de poner bienes y servicios
en un determinado mercado y permanecer sobre sus competidores (otras empresas
con productos similares), entonces las regiones compiten entre si por atraer
inversión y empresas a su territorio, he aquí la diferencia fundamental. En
consecuencia, una región con buena infraestructura de comunicaciones y de
servicios públicos, razonable estructura tributaria, seguridad, buena cobertura
en educación y salud, gobiernos legítimos y articulados con la
institucionalidad privada, conectividad, talento humano calificado, centros de ciencia,
tecnología e innovación y muchas otras cosas más, tendrá mayor probabilidad de
atraer inversión que las regiones que carezcan de estos atributos.
Dicho esto, pareciera
que el camino está despejado para las regiones con ventajas competitivas; sin
embargo, no es suficiente tenerlas para que un territorio sea centro de atracción
de negocios e inversiones. Antes bien, es esencial, además de las
características mencionadas, la presencia de líderes con visión, que sepan con
claridad meridiana hacia donde orientar los esfuerzos colectivos. Es preciso
que la dirigencia regional tenga la capacidad de observar el escenario global para
detectar las oportunidades que se presentan con cabal conocimiento del
potencial de su territorio y de las fortalezas de su talento humano. He aquí un
elemento fundamental para transitar por la ruta del progreso, pues si bien es importante
que un territorio cuente con infraestructura y recursos naturales, es mucho más
relevante que tengan gobiernos con liderazgo, capaces de visionar futuro y
dirigir procesos.
En el caso
particular del Quindío, por su ubicación, variados climas, buenos suelos, abundante
oferta hídrica y su megabiodiversidad; así como por su infraestructura vial,
aeropuerto, ferrocarril, conectividad, cobertura en servicios públicos,
cercanías entre cabeceras municipales, prestación de servicios de educación y
salud, oferta universitaria, seguridad y muchas otras cosas, ostenta una
plataforma territorial con potencial para diversas actividades productivas. Sin
embargo, la región mantiene una alta dependencia del cultivo del café y, en
menor grado, de otros renglones agropecuarios como plátano, yuca, cítricos,
ganadería y algunos frutales; en lo agroindustrial no se ha consolidado una
base empresarial robusta a pesar de la presencia de algunas empresas
procesadoras de frutas y transformadoras de guadua; la manufactura de
confecciones decayó significativamente en los últimos años; el desarrollo
industrial es incipiente sobresaliendo la fabricación de muebles, metalmecánica
y curtiembres; la consolidación de la zona franca avanza lentamente; el turismo,
sector de rápido desarrollo en los últimos años, requiere de nuevos productos aprovechando
el Centro Metropolitano de Convenciones y la internacionalización del aeropuerto
El Edén; el desarrollo del software y tecnologías afines es prometedor; las
artesanías, aún tienen camino por recorrer y la actividad comercial sigue siendo
la de mayor dinamismo en la región.
En medio de
este panorama, y con el propósito de competir con productos de clase mundial en
los mercados internacionales, en el año 2008 se creó la Comisión Regional de
Competitividad del Quindío y se formuló el Plan Regional de Competitividad. A
través de este instrumento de planificación se construyó la visión competitiva del
Departamento al 2032 y se enunciaron seis objetivos estratégicos con un
portafolio de 51 iniciativas de proyectos de los sectores definidos en la
Agenda Interna que fueron presentados por los empresarios y las entidades
públicas, privadas y académicas que participaron en su formulación.
El Plan
Regional de Competitividad puso a los quindianos en una disyuntiva: hacer el
esfuerzo, difícil por demás, de idear estrategias, crear mecanismos y conseguir
los recursos necesarios para ejecutarlo o, en su defecto, no hacer nada, dejando
que el plan se convierta en un documento de referencia y consulta sobre la forma
en que pensamos el desarrollo al final de la primera década del siglo XXI. Esta segunda opción, de ser seleccionada, estaría
concatenada con una dificultad sociológica que al parecer tenemos los quindianos
y que nos impele a formular planes de buena factura para luego amilanarnos ante
su necesaria ejecución. Así lo hicimos con el Plan de Desarrollo Agrícola
Integrado de la Cuenca del Quindío en 1987 fruto de la cooperación
internacional entre la JICA del Japón y la CRQ, con la formulación del Plan de
Desarrollo departamental en 1993 que contó con el acompañamiento del CIDER de
la Universidad de los Andes, con el Plan Quindío 2020 en el que participaron
miles de quindianos, con el Plan Departamental de Ciencia y Tecnología, con el
Plan de Turismo Quindío: Destino Turístico del Nuevo Milenio, con el Plan
Exportador, con el Plan de Descontaminación de Aguas Residuales, con el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río La Vieja y lo hemos repetido con los
aproximadamente diez planes de desarrollo que desde 1994, año en el que fue
promulgada la ley 152 o del Plan de Desarrollo, han formulado las diferentes administraciones del departamento y municipio de
Armenia.
Ciertamente
que los antecedentes de planes no ejecutados o realizados parcialmente son
extensos, documentos que actualmente cumplen con el rol de ser referentes
históricos sin haber contribuido a cambiar de forma significativa el destino
del Quindío. Y lo más grave aún, es que además del tiempo perdido, luego haber
avanzado en estos ejercicios de planificación, los quindianos ignoramos hacia
donde es que debemos orientar nuestros esfuerzos para lograr el tan anhelado desarrollo
regional.
¿En que parte
de nuestro complejo comportamiento se haya la respuesta de por qué no logramos
pasar de la propuesta a la acción?, sería la pregunta obligada. Me gustaría
tener argumentos al respecto, pero no los tengo. Es posible que no haya una
respuesta, sino que sean varias las razones con igual número de soluciones.
Seguramente que son muchas las tuercas y arandelas que se tienen que ajustar en
nuestra compleja organización social; sin embargo, y sin desconocer que la
competitividad depende de muchos factores, creo que la organización del estado
representado en los municipios y departamento, su estructura administrativa y el
pensamiento que los partidos y movimientos políticos locales tienen sobre el
desarrollo regional, juegan papeles fundamentales en la superación nuestros problemas,
pues es evidente que son los gobiernos los encargados de crear sinergias,
aglutinar voluntades, mostrar caminos viables y mañanas factibles, liderar
procesos y ser animadores permanentes del colectivo social en pos de un
objetivo de desarrollo.
Y es que la organización
de las entidades territoriales no está concebida para promover la
competitividad en la región e impulsar procesos de desarrollo, ni mucho menos los
movimientos y partidos políticos locales disponen de un pensamiento que
interprete la realidad socioeconómica con propuestas sobre lo que se debe hacer
para lograr el desarrollo regional. Estos dos planteamientos, expresados a
manera de conclusión, sirven a su vez de punto de partida para plantear las
siguientes reflexiones:
- Un número significativo de
administradores públicos no tienen interiorizados temas como
productividad, eficacia, eficiencia, planes de negocio, inversión privada
y emprendimiento.
- Una gran mayoría los funcionarios
públicos son fruto del quehacer político partidista y su interés
prioritario, mas allá que el desarrollo regional, es conservar su puesto
de trabajo.
- Los partidos políticos, garantes
de numerosos funcionarios públicos, que a la vez son sus representantes en
el sistema de participación burocrática, se han especializado en la depuración
de estrategias proselitistas en subsidio de la estructuración de
pensamientos de desarrollo y propuestas consecuentes.
- La estructura de la
administración pública es piramidal y en ella la información no fluye
adecuadamente, pues es más importante ascender en la pirámide que hacer
las cosas bien.
- La estructura piramidal hace de la
toma de decisiones una labor lenta y tortuosa, con numerosos agentes intermedios
de decisión que pueden alterar el sentido inicial de la disposición.
- Los cambios de gobierno, ante la ausencia de programas
de partido, son la oportunidad de volver a empezar sin importar que tanto se
había avanzado en un determinado proyecto.
- La esperanza del desarrollo está hipotecada
a la posibilidad de conseguir partidas del presupuesto nacional, las
cuales se aprueban con base en las prioridades del gobierno central y no
en las necesidades de la región. Los recursos así conseguidos se aceptan
sin objeción, pasando a un segundo plano la solución de los problemas
locales.
- Los rentas propias son escasas y
se gastan generalmente con el criterio de dar participación a lo grupos políticos
de las coaliciones de poder.
- La capacidad de reacción es
lenta, los planes de desarrollo se formulan para cuatro años y se vuelven
documentos inflexibles en una realidad cambiante.
- Las respuestas de los gobiernos
son reactivas y coyunturales, no constructivas ni estructurales.
- Los diálogos de los gobiernos con
los actores del desarrollo son selectivos, poco fluidos y no generan articulación.
- En el reloj de los empresarios una hora tiene sesenta minutos. En el reloj de la administración pública una hora jamás tendrá sesenta minutos.
Estas reflexiones
de alguna manera representan la patología que limita ostensiblemente a la
administración pública del estado-región para que desempeñe su rol de catalizador
y dinamizador de los procesos de desarrollo local. Es tal vez por esto, además
de otras razones, que en aspectos como el de la competitividad se avance lentamente
mientras el mundo empresarial y económico se mueve a velocidades supersónicas.
Esto hace que nuestra administración pública se vea limitada para responder a
los cambios que se presentan en la economía y en la plataforma productiva
local, para presentar estrategias conducentes a atraer inversión, para servir
de interlocutor con los empresarios y gremios sobre temas de desarrollo, para
ser el pivote articulador entre la academia, sector público, gremios y
empresarios, para tomar decisiones con celeridad y para mantener con visión de
largo plazo políticas consistentes que generen credibilidad y confianza en
inversionistas y empresarios.
