¿Quién decide el territorio que queremos? De la visión compartida a la capacidad de transformar el territorio (2)


Por: Carlos Alberto Garzón[1]

¿Quién construye realmente el futuro?

Esta cuestión cobra especial importancia cuando se desarrollan ejercicios de prospectiva territorial.

Un diagnóstico permite conocer mejor la situación actual. La participación ayuda a recoger experiencias y aspiraciones. La construcción de escenarios permite explorar futuros posibles. Todo ello es necesario, pero todavía queda una tarea fundamental: convertir ese conocimiento en decisiones.

Una visión compartida puede expresar el deseo de proteger el paisaje, mejorar las oportunidades para los jóvenes, fortalecer la economía rural o garantizar la disponibilidad de agua. Sin embargo, alcanzar esos objetivos requiere decisiones sobre inversiones, infraestructuras, usos del suelo, prioridades presupuestales y responsabilidades institucionales.

Y esas decisiones no dependen exclusivamente de la visión que se formule en un proceso participativo.

También intervienen las políticas públicas, las decisiones empresariales, las inversiones privadas, las capacidades de las administraciones y las condiciones económicas. Es necesario comprender cómo interactúan estos factores y hasta qué punto pueden orientarse hacia objetivos compartidos.

La pregunta, por tanto, no es solamente quién participa en la construcción de una visión de futuro. También es quién define las prioridades, quién toma las decisiones que afectan al territorio y qué mecanismos existen para que los acuerdos colectivos tengan consecuencias reales.

Una visión territorial compartida necesita capacidad para influir en las decisiones que terminan configurando el territorio.

De lo contrario, existe el riesgo de que el futuro deseado quede expresado en documentos y presentaciones mientras otras decisiones, tomadas en diferentes ámbitos, siguen transformando el territorio.

Esto no significa que la prospectiva sea inútil ni que la participación sea necesariamente simbólica. Significa que su alcance debe evaluarse también por su capacidad para incidir en las decisiones posteriores.

Cuando la regulación sustituye a la gestión

En este punto aparece una paradoja de la planificación.

Las normas son necesarias. Ayudan a prevenir la arbitrariedad, proporcionan seguridad jurídica, protegen el interés colectivo y establecen límites frente a actuaciones que pueden producir impactos negativos.

Por eso, reducir la burocracia no puede significar simplemente reducir los controles.

Sin embargo, cuando las instituciones tienen dificultades para coordinar actores, resolver conflictos, priorizar proyectos o ejecutar decisiones, existe el riesgo de recurrir a nuevas reglas y procedimientos como respuesta a problemas que requieren, sobre todo, capacidad de gestión.

La regulación, que debería ser un instrumento para alcanzar determinados objetivos, puede terminar convirtiéndose en un fin en sí misma.

En Colombia, esta dificultad puede agravarse por la distancia entre la complejidad de los instrumentos de ordenamiento y la capacidad técnica, administrativa y financiera de muchos municipios para implementarlos.

El resultado puede ser un plan con diagnósticos detallados, cartografía especializada y numerosas disposiciones, pero con dificultades para convertir sus objetivos en proyectos, inversiones y actuaciones concretas.

No se trata de afirmar que toda dificultad de gestión se deba al exceso de normas. Se trata de reconocer que las normas, por sí solas, no garantizan los resultados que pretenden conseguir.

Cuando no tenemos suficiente capacidad para construir colectivamente el futuro, corremos el riesgo de sustituir la gestión por regulación normativa y la construcción de acuerdos por procedimientos.

Por eso, además de preguntarnos si un proyecto cumple las disposiciones aplicables, deberíamos evaluar si contribuye a los objetivos territoriales establecidos y qué resultados produce.

Esto no supone reemplazar la legalidad por decisiones discrecionales. Supone combinar reglas claras y controles necesarios con seguimiento, evaluación y capacidad de actuación.

El territorio no se decide una sola vez

Incluso cuando existe un acuerdo amplio sobre el futuro deseado, la realidad continúa cambiando.

Cambian la economía, las tecnologías, las condiciones ambientales, las necesidades de la población y las expectativas de las nuevas generaciones. También cambian los conocimientos disponibles y nuestra comprensión de los problemas.

Por eso, quizá debamos dejar de entender el modelo territorial como una imagen definitiva que algún día conseguiremos alcanzar.

Podríamos entenderlo, más bien, como una dirección compartida que necesita revisarse y ajustarse a medida que cambia la realidad.

Esto no significa improvisar permanentemente ni renunciar a la estabilidad de las decisiones públicas. Significa combinar la seguridad jurídica con mecanismos transparentes de seguimiento, evaluación y adaptación.

Un plan pensado únicamente para fijar el futuro intentará anticipar y regular tantas situaciones como sea posible. Un plan pensado para orientar la transformación necesita reglas claras, pero también instituciones capaces de reconocer cambios, evaluar sus consecuencias y tomar decisiones oportunamente.

El territorio no puede quedar definitivamente decidido porque las condiciones que determinan su transformación tampoco permanecen inmóviles.

De la prospectiva a la acción

La prospectiva territorial no consiste en adivinar el futuro ni en dibujar una imagen atractiva de lo que nos gustaría alcanzar. Consiste en explorar escenarios posibles, reconocer tendencias e incertidumbres y utilizar ese conocimiento para tomar mejores decisiones en el presente.

Pero los escenarios no transforman el territorio por sí solos.

Una visión de futuro necesita traducirse en prioridades, proyectos, recursos, responsabilidades e indicadores que permitan evaluar los avances. También requiere coordinación entre administraciones, ciudadanía, empresas, academia y organizaciones sociales.

En otras palabras, necesita gobernanza: capacidad para deliberar, acordar, decidir, ejecutar, evaluar y corregir el rumbo.

Por eso, el éxito de un proceso de prospectiva no debería medirse únicamente por el número de documentos analizados, las personas participantes o la calidad técnica de los escenarios. También habría que preguntarse qué decisiones se derivan de ese trabajo, qué compromisos se asumen y qué mecanismos permitirán comprobar si se están cumpliendo.

Construir una visión compartida no consiste solamente en ponerse de acuerdo sobre el futuro que deseamos. Supone establecer qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarlo, cómo distribuimos las responsabilidades y qué capacidad tenemos para llevarlo a la práctica.

¿Controlar el territorio o transformarlo?

Durante mucho tiempo hemos entendido el planeamiento, en buena medida, como un mecanismo de control: qué se puede hacer, dónde, cuánto y bajo qué condiciones.

Ese control es necesario. Pero controlar no es lo mismo que transformar.

Un territorio puede tener normas rigurosas y planes técnicamente bien elaborados y, aun así, continuar teniendo dificultades para resolver sus problemas de vivienda, movilidad, empleo, protección ambiental o conservación del paisaje.

Por eso, la calidad de la planificación no debería medirse exclusivamente por la precisión de sus diagnósticos o la cantidad de sus determinaciones normativas. También debería evaluarse por su capacidad para orientar decisiones, coordinar actuaciones y producir resultados verificables.

Esto exige relacionar mejor el conocimiento técnico, la participación democrática, la regulación y la gestión.

Un buen plan no debería limitarse a establecer qué puede ocurrir en el territorio. Debería contribuir a construir la capacidad necesaria para hacer realidad aquello que colectivamente consideramos deseable.

Quizá la pregunta inicial deba formularse de otra manera. No se trata solamente de identificar el modelo territorial que la sociedad quiere, sino de comprender cómo se construye ese acuerdo, quién tiene capacidad para influir en él y qué condiciones permitirían convertirlo en realidad.

Imaginar un futuro compartido es importante. Pero también necesitamos capacidad para orientar las decisiones que transforman el territorio, distribuir sus beneficios y responsabilidades y corregir el rumbo cuando los resultados no son los esperados.

Tal vez una de las grandes tareas del urbanismo contemporáneo sea precisamente esa: no diseñar un territorio perfecto ni pretender anticipar todas las situaciones posibles, sino desarrollar la capacidad colectiva para conducir su transformación.

Y para conseguirlo, conviene preguntarnos:

¿Estamos planificando para controlar el territorio o estamos construyendo, entre diferentes, la capacidad de transformarlo?

Nota: Artículo publicado en el portal LOCILAB


[1] Arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia (1997), con Maestría en Project Management por la Universidad Politécnica de Cataluña, España (UPC, 2009) y Maestría en Planeamiento Urbano (UPC, 2003). Consultor en ordenamiento y prospectiva territorial. Estudios en creación y administración de empresas.


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