Por: Carlos Alberto Garzón[1]
¿Quién construye realmente el futuro?
Esta cuestión cobra especial
importancia cuando se desarrollan ejercicios de prospectiva territorial.
Un diagnóstico permite conocer mejor
la situación actual. La participación ayuda a recoger experiencias y
aspiraciones. La construcción de escenarios permite explorar futuros posibles.
Todo ello es necesario, pero todavía queda una tarea fundamental: convertir ese
conocimiento en decisiones.
Una visión compartida puede expresar
el deseo de proteger el paisaje, mejorar las oportunidades para los jóvenes,
fortalecer la economía rural o garantizar la disponibilidad de agua. Sin
embargo, alcanzar esos objetivos requiere decisiones sobre inversiones,
infraestructuras, usos del suelo, prioridades presupuestales y
responsabilidades institucionales.
Y esas decisiones no dependen
exclusivamente de la visión que se formule en un proceso participativo.
También intervienen las políticas
públicas, las decisiones empresariales, las inversiones privadas, las
capacidades de las administraciones y las condiciones económicas. Es necesario
comprender cómo interactúan estos factores y hasta qué punto pueden orientarse
hacia objetivos compartidos.
La pregunta, por tanto, no es
solamente quién participa en la construcción de una visión de futuro. También
es quién define las prioridades, quién toma las decisiones que afectan al
territorio y qué mecanismos existen para que los acuerdos colectivos tengan
consecuencias reales.
Una visión territorial compartida
necesita capacidad para influir en las decisiones que terminan configurando el
territorio.
De lo contrario, existe el riesgo de
que el futuro deseado quede expresado en documentos y presentaciones mientras
otras decisiones, tomadas en diferentes ámbitos, siguen transformando el
territorio.
Esto no significa que la prospectiva
sea inútil ni que la participación sea necesariamente simbólica. Significa que
su alcance debe evaluarse también por su capacidad para incidir en las
decisiones posteriores.
Cuando la regulación sustituye a la gestión
En este punto aparece una paradoja de
la planificación.
Las normas son necesarias. Ayudan a
prevenir la arbitrariedad, proporcionan seguridad jurídica, protegen el interés
colectivo y establecen límites frente a actuaciones que pueden producir
impactos negativos.
Por eso, reducir la burocracia no
puede significar simplemente reducir los controles.
Sin embargo, cuando las instituciones
tienen dificultades para coordinar actores, resolver conflictos, priorizar
proyectos o ejecutar decisiones, existe el riesgo de recurrir a nuevas reglas y
procedimientos como respuesta a problemas que requieren, sobre todo, capacidad
de gestión.
La regulación, que debería ser un
instrumento para alcanzar determinados objetivos, puede terminar convirtiéndose
en un fin en sí misma.
En Colombia, esta dificultad puede
agravarse por la distancia entre la complejidad de los instrumentos de
ordenamiento y la capacidad técnica, administrativa y financiera de muchos
municipios para implementarlos.
El resultado puede ser un plan con
diagnósticos detallados, cartografía especializada y numerosas disposiciones,
pero con dificultades para convertir sus objetivos en proyectos, inversiones y
actuaciones concretas.
No se trata de afirmar que toda
dificultad de gestión se deba al exceso de normas. Se trata de reconocer que
las normas, por sí solas, no garantizan los resultados que pretenden conseguir.
Cuando no tenemos suficiente
capacidad para construir colectivamente el futuro, corremos el riesgo de
sustituir la gestión por regulación normativa y la construcción de acuerdos por
procedimientos.
Por eso, además de preguntarnos si un
proyecto cumple las disposiciones aplicables, deberíamos evaluar si contribuye
a los objetivos territoriales establecidos y qué resultados produce.
Esto no supone reemplazar la
legalidad por decisiones discrecionales. Supone combinar reglas claras y
controles necesarios con seguimiento, evaluación y capacidad de actuación.
El territorio no se decide una sola vez
Incluso cuando existe un acuerdo
amplio sobre el futuro deseado, la realidad continúa cambiando.
Cambian la economía, las tecnologías,
las condiciones ambientales, las necesidades de la población y las expectativas
de las nuevas generaciones. También cambian los conocimientos disponibles y
nuestra comprensión de los problemas.
Por eso, quizá debamos dejar de
entender el modelo territorial como una imagen definitiva que algún día
conseguiremos alcanzar.
Podríamos entenderlo, más bien, como
una dirección compartida que necesita revisarse y ajustarse a medida que cambia
la realidad.
Esto no significa improvisar
permanentemente ni renunciar a la estabilidad de las decisiones públicas.
Significa combinar la seguridad jurídica con mecanismos transparentes de
seguimiento, evaluación y adaptación.
Un plan pensado únicamente para fijar
el futuro intentará anticipar y regular tantas situaciones como sea posible. Un
plan pensado para orientar la transformación necesita reglas claras, pero
también instituciones capaces de reconocer cambios, evaluar sus consecuencias y
tomar decisiones oportunamente.
El territorio no puede quedar
definitivamente decidido porque las condiciones que determinan su
transformación tampoco permanecen inmóviles.
De la prospectiva a la acción
La prospectiva territorial no
consiste en adivinar el futuro ni en dibujar una imagen atractiva de lo que nos
gustaría alcanzar. Consiste en explorar escenarios posibles, reconocer
tendencias e incertidumbres y utilizar ese conocimiento para tomar mejores
decisiones en el presente.
Pero los escenarios no transforman el
territorio por sí solos.
Una visión de futuro necesita
traducirse en prioridades, proyectos, recursos, responsabilidades e indicadores
que permitan evaluar los avances. También requiere coordinación entre
administraciones, ciudadanía, empresas, academia y organizaciones sociales.
En otras palabras, necesita
gobernanza: capacidad para deliberar, acordar, decidir, ejecutar, evaluar y
corregir el rumbo.
Por eso, el éxito de un proceso de
prospectiva no debería medirse únicamente por el número de documentos
analizados, las personas participantes o la calidad técnica de los escenarios.
También habría que preguntarse qué decisiones se derivan de ese trabajo, qué
compromisos se asumen y qué mecanismos permitirán comprobar si se están
cumpliendo.
Construir una visión compartida no
consiste solamente en ponerse de acuerdo sobre el futuro que deseamos. Supone
establecer qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarlo, cómo distribuimos
las responsabilidades y qué capacidad tenemos para llevarlo a la práctica.
¿Controlar el territorio o transformarlo?
Durante mucho tiempo hemos entendido
el planeamiento, en buena medida, como un mecanismo de control: qué se puede
hacer, dónde, cuánto y bajo qué condiciones.
Ese control es necesario. Pero
controlar no es lo mismo que transformar.
Un territorio puede tener normas
rigurosas y planes técnicamente bien elaborados y, aun así, continuar teniendo
dificultades para resolver sus problemas de vivienda, movilidad, empleo,
protección ambiental o conservación del paisaje.
Por eso, la calidad de la
planificación no debería medirse exclusivamente por la precisión de sus
diagnósticos o la cantidad de sus determinaciones normativas. También debería
evaluarse por su capacidad para orientar decisiones, coordinar actuaciones y producir
resultados verificables.
Esto exige relacionar mejor el
conocimiento técnico, la participación democrática, la regulación y la gestión.
Un buen plan no debería limitarse a
establecer qué puede ocurrir en el territorio. Debería contribuir a construir
la capacidad necesaria para hacer realidad aquello que colectivamente
consideramos deseable.
Quizá la pregunta inicial deba
formularse de otra manera. No se trata solamente de identificar el modelo
territorial que la sociedad quiere, sino de comprender cómo se construye ese
acuerdo, quién tiene capacidad para influir en él y qué condiciones permitirían
convertirlo en realidad.
Imaginar un futuro compartido es
importante. Pero también necesitamos capacidad para orientar las decisiones que
transforman el territorio, distribuir sus beneficios y responsabilidades y
corregir el rumbo cuando los resultados no son los esperados.
Tal vez una de las grandes tareas del
urbanismo contemporáneo sea precisamente esa: no diseñar un territorio perfecto
ni pretender anticipar todas las situaciones posibles, sino desarrollar la
capacidad colectiva para conducir su transformación.
Y para conseguirlo, conviene
preguntarnos:
¿Estamos planificando para controlar el territorio o estamos construyendo, entre diferentes, la capacidad de transformarlo?
Nota: Artículo publicado en el portal LOCILAB
[1] Arquitecto
por la Universidad Nacional de Colombia (1997), con Maestría
en Project Management por la Universidad Politécnica de Cataluña, España (UPC,
2009) y Maestría en Planeamiento Urbano (UPC, 2003). Consultor en ordenamiento
y prospectiva territorial. Estudios en creación y administración de empresas.
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